Proponen Ley para Eliminar las Fotomultas en el País
Una nueva iniciativa legislativa busca eliminar el sistema de fotomultas.
Según la legisladora impulsora del proyecto, el esquema actual prioriza la recaudación en lugar de la prevención y lo ha calificado como un “negocio” de municipios, universidades y empresas privadas
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Con el propósito de recaudar, muchos municipios apelan a los sistemas de fotomultas instalados de forma ilegal y en contra del espíritu de prevenir accidentes.
La diputada nacional Patricia Vásquez, del PRO, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca eliminar el sistema de fotomultas, según anunció en sus redes sociales con un video donde explica los principales puntos de su propuesta.
"¡Chau, fotomultas! Deben ser la excepción, no la regla. La seguridad vial debe ser la prioridad, no la recaudación," expresó Vásquez en su mensaje en la red X. Añadió que el proyecto propone declarar la emergencia en seguridad vial, poniendo fin a lo que considera una "negociación" entre municipios, universidades y la Cámara de Empresarios del Software Vial. Propone que las multas por infracciones menores prescriban en dos años y que los fondos de las infracciones se destinen a mejorar infraestructuras urbanas y a la educación vial. "Más responsabilidad, más libertad, menos negocios indebidos. ¡Gana la gente!", enfatizó.
Para Vásquez, el sistema de fotomultas actual no aporta a la seguridad vial, sino que persigue fines de recaudación, beneficiando a municipios, universidades y empresas privadas que administran el sistema.
Los puntos principales del proyecto son los siguientes:
Declarar la emergencia en seguridad vial, con recursos para implementar un plan de reducción de siniestralidad y refuerzo de controles presenciales.
Implementar el sistema de scoring en todo el país en un plazo de un año, después de 16 años de espera, para mejorar la responsabilidad en la conducción.
Unificar la ley de tránsito a nivel nacional, eliminando la variabilidad de normas provinciales y municipales para garantizar una seguridad jurídica consistente.
Transformar el enfoque recaudatorio hacia uno preventivo en seguridad vial: Las fotomultas deben ser un complemento, no el único recurso de verificación de infracciones, y se debe priorizar la intervención de agentes en el control.
Reducir el plazo de prescripción de las multas, siguiendo los tiempos del Código Penal: Un año para infracciones leves y dos años para graves.
Eliminar las intermediaciones que absorben un alto porcentaje de la recaudación por infracciones, creando un fondo que destine el 100% de lo recaudado a infraestructura vial, educación y asistencia en siniestros.
Este proyecto, si se convierte en ley, podría cambiar profundamente el enfoque de la seguridad vial en el país, priorizando una política pública de prevención y educación sobre el sistema actual de recaudación a través de fotomultas.
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